“Podríamos decir que estamos igual. Pero estamos peor. Todos los prestadores trabajamos con un valor de nomenclador –sobre el cual nos pagan las prestaciones- que no cubre los costos. Si a eso le sumamos el atraso de los pagos, es un combo letal”, dice Fernando Gantesti, de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad, en el tercer día de cese de actividades organizado para reclamar contra el atraso de pagos de Nación a quienes trabajan en el sector discapacidad.
“No cambió nada: Pami prácticamente no pagó, Incluir Salud no pagó absolutamente a nadie. Se está adeudando, dependiendo el distrito, desde septiembre/octubre. Para cualquier prestador, sea profesional, institución o transportista, es absolutamente inviable continuar trabajando así”, concluye.
“Hay un montón de prestadores que dejan la actividad día a día. En cuanto al transporte lo vemos en los socios que nos escriben para decirnos que termina el mes y no siguen. Es muy triste y todo esto repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad, que son las que en definitiva sufren”.
Este miércoles, el Gobierno dio una muestra más de su política hacia las personas con discapacidad al reprimir a transportistas, trabajadores y miembros de la Asamblea Discas en Lucha, entre otros, que intentaban colocar un gazebo en Plaza de Mayo para visibilizar su protesta.
Para Adriana Salomone, de la Asociación Dinad, el atraso no obedece a impericia ni falta de fondos. Sino a un plan diseñado para achicar el sistema de prestaciones con cobertura estatal. No sorprende que así sea, bajo un gobierno que llegó para destruir el Estado desde adentro.
“Están haciendo lo que quieren: que por desgaste ante la falta de fondos se caigan las instituciones. Si achicás los lugares y empiezan a desaparecer espacios para las personas con discapacidad, el que brinda el servicio va a tener una demanda cada vez mayor y va a elegir. ¿A quién va a elegir? A quien pueda pagar. No a quien dependa de las obras sociales del Estado. Es maquiavélico”, analiza.
En Dinad hay pagos pendientes desde noviembre por parte de Incluir Salud. Pami pagó con demoras y no hay fecha clara sobre cómo continuarán los pagos. “En el Ministerio de Salud por ahora están haciendo oídos sordos, no contestan”, denuncia Salomone. Tampoco hubo respuesta a este medio.
El personal que trabaja en Dinad asiste a las 97 personas adultas que viven en el hogar. “Si yo no pago los sueldos tres meses, la gente me hace juicio y se considera despedida. Entonces tengo que vender bienes para indemnizar. Y la gente se queda en la calle”, advierte la mujer.
Este jueves habrá reunión con el Gobierno de la Ciudad para ver cómo seguir. “Dan bastante apoyo, pero son curitas en medio de una herida abierta”, grafica. Este viernes, en tanto, miembros de la Asociación de Hogares se reunirán con Alejandro Vilches, al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras la disolución de la Agencia, en medio de un escándalo de corrupción que continúa investigándose.
“En este momento estamos en un tic-tac, tic-tac esperando a ver si pagan y si podemos seguir. Quienes trabajamos en esto podemos reconvertirnos de alguna manera –lamenta Salomone- pero las personas que necesitan esta asistencia en hogares van a tener que volver a sus casas. Y algunas no tienen casa”.
