En un nuevo gesto en favor del Gobierno nacional, la Corte Suprema de Justicia derogó el fallo que declaraba inconstitucional el decreto 70/2023 que la gestión de Javier Milei había dictaminado por la Ley de Tierras.
El Máximo Tribunal desestimó una demanda interpuesta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia al inicio de la presidencia de La Libertad Avanza.
En un primer momento, la Cámara Federal de La Plata había avalado el recurso de amparo de los ex combatientes quienes denunciaban que al eliminar la protección normativa se facilitaba la extranjerización del territorio y la creación de latifundios, lo que afectaba de manera directa la soberanía nacional y la integridad territorial de Argentina.
Pero en un fallo firmado este martes, la Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.
«Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia», apunta la sentencia firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial: «A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella«.
Por otro lado, aseguraron que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora, y que el pronunciamiento «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo.
Al haberse frenado el DNU de 2023, el Poder Ejecutivo había intentado avanzar de manera alternativa en el Congreso con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que no prosperó en el ámbito legislativo ante una fuerte presión social.
«En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema
político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que
‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico
soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el
presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23. Lo hizo pateando la pelota afuera. No exploró el planteo jurídico», señalaron desde el CECIM.
«La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas. Lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei».
Y añadieron: «De eso, en definitiva, se trata. Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos. Es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la ‘doctrina de facto’, y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras
argentinas a extranjeros».
