La resolución judicial que impuso una pena de un año y tres meses de prisión condicional y la inhabilitación especial perpetua al exconcejal Horacio Bertoglio se sustenta en un extenso análisis técnico, detallado en más de ochenta páginas, que -según publicó Pulso Político- podría convertirse en un antecedente doctrinario de referencia para la región.
El Tribunal reconstruyó los hechos a partir de una amplia base probatoria que incluyó más de veinte testimonios de funcionarios, personal legislativo y especialistas. Entre ellos, adquirió especial relevancia la declaración del constitucionalista Domingo Rondina, quien explicó que la figura penal prevista en el artículo 265 del Código Penal no exige la existencia de un fraude económico para configurarse. Lo central, sostuvo, es la afectación de la imparcialidad del funcionario cuando conviven intereses públicos y privados.
La incompatibilidad como delito en sí misma
El juez Gustavo Bumaguin afirmó en los fundamentos que el daño penalizable no radica en una pérdida económica para el Estado, sino en la “contaminación” de la función pública. Según el fallo, esa afectación se concretó cuando Bertoglio mantuvo, mientras ejercía su banca en el Concejo de Sunchales, su calidad de apoderado de un desarrollador inmobiliario con el que había acordado una retribución del 10% de las ganancias finales de un proyecto urbanístico cuya aprobación dependía, entre otros puntos, de normas debatidas y votadas en el propio Concejo.
Los magistrados señalaron que esa doble condición -gestor privado y funcionario con poder de decisión sobre el mismo emprendimiento- quebró la exigencia de lealtad institucional y convirtió en irrelevante cualquier argumento respecto de la inexistencia de un perjuicio económico directo.
Acciones legislativas y beneficio privado
El fallo destaca que apenas seis días después de asumir, Bertoglio impulsó en el recinto el tratamiento del “Loteo Solaro”, defendió el proyecto y pidió su rápido despacho. La Justicia reconstruyó que estas intervenciones tenían como objetivo favorecer al desarrollador con una reducción del 60% de la tasa suburbana, lo que evidenció el interés económico directo del entonces concejal.
Para el Tribunal, la prueba documental -entre ella, las 24 facturas de honorarios vinculadas al emprendimiento- fue determinante para descartar el argumento de la defensa sobre un supuesto móvil político detrás de la denuncia. El juez Bumaguin remarcó que la función judicial es evaluar hechos acreditados, no disputas partidarias.
