El conflicto policial en la provincia de Santa Fe lejos de desactivarse se profundiza. Tras las protestas registradas en Rosario y otras localidades, un sector de la fuerza mantiene el reclamo por mejoras salariales, condiciones laborales y asistencia en salud mental, mientras el Gobierno provincial avanzó con sanciones administrativas y la apertura de causas judiciales contra efectivos involucrados en las manifestaciones.
Este martes, la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción de Rosario inició una investigación penal preparatoria contra al menos 20 agentes policiales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a partir de hechos ocurridos frente a la Jefatura de Policía durante la madrugada. Las actuaciones fueron remitidas por el área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las pesquisas estarán a cargo de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Además, se analizarán aquellos casos en los que la conducta del personal policial haya podido comprometer la seguridad pública.
En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que los agentes involucrados fueron pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas, y advirtió que las investigaciones podrían derivar en nuevas sanciones administrativas y penales.
“Vamos a cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos. Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo por mejores condiciones laborales, señaló que las protestas habrían sido “instrumentalizadas por grupos con intereses sectoriales”.
Desde el Gobierno provincial también se denunció que durante las protestas se intentó impedir la salida de móviles policiales hacia tareas de patrullaje y que algunos efectivos abandonaron el servicio, aunque se aseguró que el despliegue preventivo se mantiene operativo con normalidad.
Pese a las advertencias oficiales, el reclamo policial continúa. En Rosario, efectivos y familiares se manifestaron frente a la Jefatura de Policía con cortes de calle, patrulleros cruzados y quema de neumáticos, reclamando una respuesta concreta a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y a la sobrecarga laboral.
Desde el sector manifestante denunciaron la falta de diálogo directo con las autoridades y advirtieron que la judicialización del conflicto no resuelve los problemas de fondo. “Queremos volver a trabajar con normalidad, pero con condiciones dignas”, señalaron voceros del reclamo.
