El intento del gobierno de profundizar la agenda punitivista y bajar la edad de imputabilidad pone en alerta no sólo al movimiento de derechos humanos sino también a miembros del poder judicial que después deben aplicar (o no) las políticas de encierro resueltas por el poder político. “Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”, le advirtió a Javier Milei el juez penal de menores Rodrigo Morabito, en una sentida y respetuosa carta abierta al jefe de Estado. “Proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra”, explicó sobre los deberes de un gobierno, y enfatizó que la respuesta del Estado a pibes con “abandono acumulado” y cadenas de violencia sobre sus espaldas no debe ser “castigar más temprano” sino “no abandonar tan temprano”.
“Carta abierta al Señor Presidente de la Nación Argentina”, se titula el escrito de Morabito, que es juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, profesor de derecho penal en la Universidad Nacional de Catamarca y miembro de la mesa nacional de Asociación Pensamiento Penal.
El magistrado se dirige al “Economista Javier G. Milei” no como simple ciudadano sino “desde el ejercicio concreto de una función que rara vez ocupa el centro del debate público, pero que carga con una de las responsabilidades más complejas del Estado: administrar justicia en el fuero penal juvenil”.
En su trabajo cotidiano, cuenta Morabito, tiene trato con pibes y pibas que “no aparecen en las estadísticas ni en los discursos”. Y le describe una imagen con la que las y los legisladores no suelen toparse: “Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir”.
A renglón seguido, previendo tal vez la respuesta del aparato de propaganda paraoficial, el juez le aclara a Milei que “no le escribo para justificar delitos” ni “para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias”, que “merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado”.
“Sí escribo para decirle algo que veo todos los días: cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde”, advierte Morabito. “En los tribunales no vemos ‘enemigos’. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo. Y vemos, con enorme preocupación, cómo frente a ese fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor”, explica.
“Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir”, argumenta el juez y académico, formado en la Universidad Nacional de Córdoba.
Morabito confiesa que trabajar en el fuero penal juvenil implica tomar “decisiones difíciles, humanas, incómodas. Implica escuchar a víctimas, pero también mirar a los ojos a adolescentes que nunca tuvieron una oportunidad real. Implica entender que proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra”.
Luego va a la médula del problema que el Ejecutivo se propone agravar: “Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia”.
“Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional. Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía hay algo para salvar”, argumenta.
Morabito se dirige a Milei “con la convicción de quien ve las consecuencias todos los días”, no “desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor”. “La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano”, enfatiza.
“Ojalá esta carta sirva para reflexionar. Porque cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo”, concluye al juez, y saluda “atentamente” al presidente.
