Robar una media sombra que hacía de techo a una pileta, en plena tormenta eléctrica, parece un hecho menor. No lo es. Es el síntoma visible de un problema mucho más profundo que San Cristóbal se niega a enfrentar.
El episodio ocurrió en barrio Pellegrini. Mientras la lluvia y los relámpagos caían sobre la ciudad, alguien decidió llevarse lo poco que protegía un espacio familiar. No fue un hecho aislado. Tampoco excepcional. Hoy se roba a cualquier hora, en cualquier barrio y sin importar el valor del botín.
Motos, bicicletas, garrafas, bombeadores, ropa, herramientas. La lista de lo sustraído se repite hasta el cansancio y, lo más alarmante, muchas veces ni siquiera se denuncia. El delito se volvió tan frecuente que parece haber sido incorporado a la rutina diaria, como si fuera parte inevitable de vivir en San Cristóbal.
Ya no se roba por necesidad extrema ni por oportunidad planificada. Se roba porque todo es vendible, porque existe un mercado dispuesto a comprar lo ajeno a precios irrisorios y porque el objetivo no es el objeto, sino lo que ese objeto permite conseguir.
Negarlo no lo hace desaparecer. El crecimiento del consumo de cocaína atraviesa a la ciudad y se manifiesta de la forma más cruda: robos constantes, desesperados, sin lógica aparente. Según lo que pudimos indagar, un pequeño envoltorio de aluminio con cocaína ronda los 5.000 pesos. Esa cifra explica por qué cualquier cosa, por mínima que sea, se transforma en moneda de cambio.
Mientras tanto, una parte de la sociedad —incluidas sus instituciones— elige mirar para otro lado, como si el silencio pudiera frenar la degradación social que avanza día tras día.
Detrás de cada robo hay historias que rara vez se cuentan. Cientos de familias viven situaciones límite con hijos, hermanos o padres atrapados en el consumo problemático. Hogares que se desintegran, vínculos que se rompen, personas que se apagan lentamente ante la falta de contención, respuestas y acompañamiento.
La mayoría de quienes consumen se encuentra en una franja etaria que va de los 15 a los 30 años, muchos de ellos en contextos de vulnerabilidad. Esto no justifica el delito, pero sí obliga a entender que estamos frente a personas enfermas, muchas veces solas, empujadas a robar para sostener una adicción que las devora.
Lo robado no desaparece. Se vende. Y quienes compran objetos robados —a sabiendas o eligiendo no preguntar— también cometen un delito y se convierten en parte activa de esta cadena. La lógica es simple y perversa: conseguir algo valioso a bajo precio sin pensar en el daño que se perpetúa.
Mientras exista quien compre, el robo seguirá ocurriendo. Mientras exista demanda, el circuito no se rompe.
San Cristóbal atraviesa un momento crítico en materia de prevención y seguridad. No se trata de señalar culpables ni de buscar responsables individuales. Se trata de asumir colectivamente que el problema existe y que negarlo solo lo profundiza.
Esta nota no busca acusar, sino interpelar. Llamar a la sociedad a involucrarse, a exigir respuestas, a reclamar políticas reales que ataquen el origen del problema y no solo sus consecuencias.
Porque mirar para otro lado ya no es una opción. El presente que vive la ciudad es doloroso, pero ignorarlo solo garantiza que el futuro sea aún peor.
