Las y los trabajadores perjudicados en uso de sus derechos ya han manifestado que ampliarán la denuncia penal por cuanto aseguran que ¨dicha maniobra, agravada, persiste en la actualidad con la modalidad delictiva empresaria de fijar como remunerativo en los recibos de haberes solo el equivalente a un salario mínimo que incluso registra varios meses de atraso en el pago¨.
Como bien sabemos y ya lo han apuntado distintos especialistas y medios, el delito de evasión fiscal persistente en el tiempo impacta directamente en la situación actual de la empresa, dado que el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del estado económico real, la tergiversación de los recibos de haberes y las maniobras delictivas comprobadas por la fiscalía ponen a SanCor en función de estas maniobras, pergeñadas por sus directivos, de cara a un posible concurso fraudulento y a la consecuente extensión de responsabilidad que le cabe a sus autoridades.
En un mundo como el actual, utilitario y habitualmente inclinado a perdonar delitos de individuos considerados de determinado estatus social, esta decisión de la justicia es alentadora, aclarando al mismo tiempo que la inmensa mayoría de los empresarios de la actividad son probos, honestos y actúan siempre de buena fe.
Hace muchos años expresábamos lo que estábamos seguros ocurriría con SanCor si es que no se tomaban las decisiones que había que tomar. No somos ignaros en la materia. Interactuamos no solo con empresas lácteas de Argentina sino también con las principales transnacionales que operan en distintas partes del globo. Sin embargo, operaciones mediante, se iba destruyendo todo el trabajo que en beneficio del ¨Colectivo SanCor¨ queríamos construir. Recordar que durante años fuimos tendiendo puentes con inversores lácteos de fuste para que, aporte económico mediante, se hicieran cargo de los destinos de la cooperativa. Todo eso fue boicoteado.
Así se ultrajó la confianza de los productores y en una demostración de inexplicable insensibilidad se condenó a los trabajadores y sus familias a vivir duras situaciones económicas por falta de pago de sus haberes y a la incertidumbre respecto de la conservación de sus puestos de trabajo. No se trata de ser de un color político o de otro. Se trata de ser buena o mala gente.
Desde Atilra consideramos terminada esta etapa judicial, pero nunca y menos ahora nos quedaremos cruzados de brazos, continuaremos buscando las alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales en el caso de que se produzca la liquidación de la empresa.
Que así sea.
Etín Ponce, SECRETARIO GENERAL DE ATILRA CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
