Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. La dimisión se produce, justamente cuando el gobierno acentúa su despiadado ajuste al sector, iniciado en el comienzo mismo de su gestión y acentuado en el reciente proyecto de Presupuesto 2027, presentado en el Parlamento, lo que generó severas críticas, incluso de destacados integrantes del propio Ejecutivo.
De todas manera, en la Casa Blanca, esgrimieron “motivos personales” cuando se anunción la dimisión. En el Ministerio de Salud evalúan a su sucesor. La salida de Vilches abre así una etapa de definición sobre la futura conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin que por el momento se haya informado oficialmente quién ocupará el cargo.
La política de discapacidad atraviesa múltiples dimensiones de la vida de las personas y excede la política sanitaria. El área comprende cuestiones vinculadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena en la comunidad, entre otras.
Una de las polémicas más grandes estalló con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, la semana pasada: tiene que ver con la derogación de artículos medulares de la ley de emergencia en Discapacidad, la misma iniciativa que la oposición quiere prorrogar para evitar que los titulares de pensiones no contributivas pierdan derechos a partir del año próximo.
En primer lugar, el Presupuesto elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que es aquel que consagraba el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema. Esta modificación llevará a que los prestadores tengan que negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga y cada obra social. Con esta reforma planteada por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto, se pretende terminar con la homogeneidad de los aranceles. Una continuidad en la política de crueldad, persecución y ataques al sector del gobierno mileísta
