Mariela Peña, abogada y Presidente de la Asociación Incluime
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora este miércoles y fue proclamado en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y concientizar sobre la importancia de construir una sociedad más accesible, equitativa e inclusiva para todos.
Mariela Peña, abogada y titular de INCLIME, una asociación que acompaña a personas con discapacidad, confirmó en LT10 que luego de un recurso de amparo presentado, lograron que se restituyeran las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas arbitrariamente a unas 70.000 personas: "Gracias a los amparos colectivos que hemos iniciado las ONG, en el mes de diciembre la Justicia nos dio la razón y las personas con discapacidad van a retomar el cobro de la pensión que había sido suspendida en el mes de abril".
Además, detalló que "vuelve todo a foja cero. La Justicia intimó al Gobierno Nacional, explicándole que el proceso que habían realizado era anticonstitucional y anticonvencional, y que las auditorías eran ineficientes. La Justicia los obliga no solo a restituir, sino a adecuar todas las políticas públicas a lo que establece la Convención Internacional".
Si bien no están en contra de las auditorías y de que se les quiten los beneficios a quienes no los necesitan, aseguran que en este caso "era un plan sistemático para reducir el déficit fiscal con los más vulnerables".
Asimismo, sostuvo que este logro "viene a ser un alivio en este contexto crítico porque las personas con discapacidad no solo tuvieron suspendida la pensión, sino que hoy corren riesgo sus tratamientos de rehabilitación 2026".
Se trata de 70.000 personas en la Provincia de Santa Fe a las que se les suspendieron arbitrariamente las pensiones, de las más de 150.000 auditadas. "Los que dimos la pelea fuimos las ONG; no hubo ningún organismo gubernamental que intercediera", agregó Peña.
También llevó tranquilidad a la gente, afirmando que "el proceso de auditoría está suspendido judicialmente hasta que el Gobierno Nacional arbitre los medios para generar una auditoría conforme a derecho".
