Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de la Nación, se sumó al jefe de Gabinete Manuel Adorni a la lista de funcionarios del Gobierno de Javier Milei que adhirieron al régimen de «Inocencia Fiscal» impulsado por el propio Gobierno. El ex diputado libertario José Luis Espert también se adhirió.
El régimen de Inocencia Fiscal, recientemente reglamentado, constituye uno de los cambios más polémicos en la política tributaria del país. Bajo la premisa de “devolver la libertad” a los contribuyentes, la ley abandona la presunción de culpabilidad que históricamente caracterizó al sistema impositivo argentino y establece que los ciudadanos son inocentes hasta que el fisco demuestre lo contrario.
El Gobierno «vendió» la ley como un avance hacia un esquema más transparente y menos burocrático. Sin embargo, la adhesión de altos funcionarios ha encendido las alarmas sobre el verdadero propósito de la normativa.
El régimen permite que los contribuyentes presenten una declaración jurada simplificada, en la cual ARCA predetermina el impuesto en base a ingresos y gastos deducibles. Lo novedoso es que ya no se investigan variaciones patrimoniales ni gastos personales. En otras palabras, el Estado renuncia a controlar el origen de los fondos, lo que en la práctica equivale a un blanqueo encubierto.
Este aspecto es particularmente problemático cuando quienes se acogen al sistema son funcionarios públicos, responsables de diseñar y ejecutar políticas económicas. La adhesión de Sturzenegger, Espert y Adorni transmite la idea de que la ley fue concebida para proteger a la elite gobernante de eventuales cuestionamientos sobre la evolución de sus patrimonios.
El discurso oficial, encabezado por Luis «Toto» Caputo y el propio Espert, insiste en que el régimen no es una amnistía ni un blanqueo, sino un cambio de paradigma. Sin embargo, los resultados concretos muestran otra realidad.
Más de 80.000 contribuyentes ya se inscribieron, pero el ingreso de dólares al sistema financiero fue mínimo: apenas US$973 millones en tres meses. El objetivo declarado de captar parte de los US$170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema formal parece lejos de cumplirse. En cambio, lo que sí se logró fue ofrecer un mecanismo de impunidad fiscal a quienes tienen capacidad de influencia política.
El problema central radica en la contradicción entre el espíritu de la ley y su aplicación práctica. Si bien la simplificación tributaria es una demanda legítima, la ausencia de controles patrimoniales debilita la capacidad del Estado para combatir la evasión y el lavado de dinero. Además, la adhesión de funcionarios genera un conflicto ético: quienes deberían dar el ejemplo de transparencia se benefician de un régimen que les permite ocultar el origen de sus bienes.
La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cuando las reglas parecen diseñadas para favorecer a los poderosos.
En definitiva, el régimen de Inocencia Fiscal refleja la tensión entre la necesidad de modernizar el sistema tributario y el riesgo de institucionalizar la impunidad. La adhesión de Sturzenegger y otros funcionarios confirma que la ley no solo busca simplificar trámites, sino también blindar patrimonios.
