Quedó en prisión preventiva un hombre de 61 años e iniciales ASG al que se investiga por haber cometido delitos en un contexto de violencia de género en perjuicio de una mujer en Rafaela.
La cautelar fue solicitada por la fiscal Brenda Baños y ordenada por el juez Javier Bottero en una audiencia desarrollada en los tribunales rafaelinos.
Luego de conocer la decisión del magistrado, la funcionaria del MPA valoró que “se hizo lugar a nuestro requerimiento, más allá de que la Defensa propuso medidas no privativas de la libertad”. Al respecto, remarcó que “las alternativas eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales y proteger a la víctima, quien está en una situación de especial vulnerabilidad”.
La mujer, que se constituyó como querellante, estuvo representada por su abogada, Silvina Martines.
Intimidaciones
La fiscal relató que “la víctima conoció al imputado porque lo contrató para que realice tareas de albañilería” y agregó que “una vez que el imputado finalizó el trabajo, comenzó a seguirla y a hostigarla sistemáticamente”.
“Varias veces, el imputado amenazó a la mujer con abusar sexualmente de ella y luego matarla”, y añadió que “en una ocasión, también intimidó de la misma forma a una amiga de la víctima”.
Baños planteó que “a raíz del accionar del hombre investigado, se le impusieron normas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio con la víctima por dos años”. En tal sentido, la funcionaria del MPA subrayó que “aún sabiendo que no podía hacerlo, en reiteradas oportunidades el hombre investigado se acercó a lugares en los que vive y trabaja la víctima y también intentó contactarla a través de diferentes medios”.
“Los hechos delictivos fueron cometidos en un contexto de violencia de género que el imputado ejercía de forma sistemática”, aseveró la funcionaria del MPA y concluyó que “la salud de la víctima resultó gravemente afectada por el accionar del hombre investigado”.
Delitos
Al imputado que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de amenazas y desobediencia a una orden judicial, ambos delitos cometidos de forma reiterada, en un contexto de violencia de género.
