En una jornada de alta tensión parlamentaria que se extendió por más de 11 horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que redefine los límites de protección ambiental para habilitar explotaciones mineras en áreas anteriormente restringidas.
Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, el oficialismo de La Libertad Avanza consolidó una mayoría transversal que incluyó al PRO, la UCR, bloques provinciales e incluso el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria vinculados a la provincia de San Juan. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presenció el desenlace desde uno de los balcones del recinto, validando una reforma que delega en las provincias la facultad de realizar estudios de impacto, restando centralidad al IANIGLA.
Antes de abordar el eje ambiental, el recinto fue escenario de una serie de pulseadas políticas donde el bloque oficialista y sus aliados bloquearon sistemáticamente los intentos de la oposición por interpelar a figuras clave del Ejecutivo. Fracasaron las mociones para repudiar la quita de acreditaciones a la prensa y los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Asimismo, el bloque de LLA, escoltado por el PRO y la UCR, impidió el tratamiento de proyectos vinculados al caso Libra, que buscaban citar al Congreso tanto a Adorni como a Karina Milei para dar explicaciones sobre la presunta estafa de la criptomoneda que involucra al entorno presidencial.
El debate por los glaciares enfrentó dos visiones irreconciliables sobre el federalismo y el desarrollo. Mientras los miembros informantes del oficialismo, José Peluc y Nicolás Mayoraz, defendieron la ley como una «armonización» necesaria para atraer inversiones mineras, la oposición denunció una regresión ambiental inconstitucional. La diputada y científica Adriana Serquis advirtió que la reforma pone en peligro zonas periglaciales que alimentan cuencas hídricas vitales para 7 millones de personas. Por su parte, Miguel Pichetto rechazó el argumento de la falta de inversión, señalando que la actividad creció exponencialmente con la ley vigente, mientras que Máximo Kirchner cerró el debate cuestionando la entrega de soberanía sobre recursos estratégicos bajo la promesa, según sus palabras, de un modelo exportador que no ha resuelto la pobreza en países vecinos.
