Revocaron la prisión preventiva domiciliaria de una mujer a la que se investiga por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en San Cristóbal

Una mujer de 31 años a la que se le había impuesto prisión preventiva domiciliaria en el marco de una investigación por la venta de droga al menudeo en San Cristóbal, ahora deberá cumplir la medida cautelar en dependencias del Servicio Penitenciario. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó que se revoque la morigeración de la medida privativa de la libertad. En ese sentido, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal del MPA y dispuso la prisión prisión preventiva por el término de 60 días.

Estupefacientes

El fiscal afirmó que “a partir de diligencias realizadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal, el domingo 22 de marzo se concretó un allanamiento en Avenida Trabajadores Ferroviarios al 1.400, donde reside la mujer investigada y se constató que tenía bajo su esfera de custodia y disponibilidad estupefacientes con el claro fin de comercialización al menudeo”.

Odriozola agregó que “en el operativo policial, se secuestraron cocaína y marihuana distribuidas en envoltorios y cigarrillos, otros elementos que acreditan de forma inequívoca la finalidad de comercialización y fraccionamiento de esas sustancias”. En tal sentido, añadió que “también se secuestraron un teléfono celular y una motocicleta marca Keller de 110 centímetros cúbicos”.

“La mujer investigada quebrantó la medida de prisión preventiva domiciliaria que venía cumpliendo desde el 4 de noviembre del año pasado”, remarcó el fiscal y subrayó que “con pleno conocimiento y voluntad de hacerlo, salió de su casa para distribuir estupefacientes al menudeo”.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “el juez consideró que las evidencias que presentamos desde la Fiscalía eran suficientes para acreditar –con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal– que la imputada incumplió la prisión domiciliaria más allá de que negó los hechos que se le atribuyeron”.

“Por ello, el magistrado consideró que la medida más lógica a tomar era la revocación de la atenuación de la coerción y disponer la prisión preventiva”, remarcó el fiscal.

Finalizó Odriozola diciendo que “el juez consideró que aún quedan diligencias pendientes de realización, como ser pericias pendientes e individualización de testigos”.

Calificación penal

A la imputada se le atribuyó la autoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.